Tradicionalmente se conoce al poder judicial como la tercera sección del gobierno. Los tribunales de justicia en Noruega se dividen en Tribunal Supremo (Høyesterett), Comité Interlocutorio de Apelación del Tribunal Supremo (Høyesteretts kjæremålsutvalg), los Tribunales de Apelación (lagmannsrettene), Los Tribunales de Distrito (tingrett), y el Tribunal de Conciliación (forliksrådet), además de varios tribunales especiales. Noruega está dividida en seis zonas jurisdiccionales (lagdømmer) y 15 distritos judiciales (lagsogn).
El Poder Judicial goza de relativa independencia con respecto al gobierno. Tiene dos componentes de carácter político: primero, sus actividades sirven para ejecutar las leyes adoptadas por el Storting (Parlamento Noruego), y segundo, controla a los poderes legislativo y ejecutivo para asegurar que estos acatan las leyes que previamente han sido adoptadas.
El Poder Judicial está capacitado para derogar cualquier estatuto aprobado por el Storting si considera que éste no está de acuerdo con la Constitución. Este derecho a “vetar” lo que dice el Storting no está recogido en la Constitución y es, en sí mismo, una contravención. Se utilizó en varias ocasiones desde 1884 a 1918, cuando el Tribunal Supremo paró algunas reformas radicales de los estatutos. Desde entonces el Poder Judicial no ha querido hacer uso de su derecho. Todos los niveles del sistema legal ordinario están autorizados a examinar la validez de un estatuto, pero dichos casos acabarán inevitablemente siendo presentados ante el Tribunal Supremo.